La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha abonado el anticipo de la Política Agraria Común (PAC), que asciende al 70% del total, pese a que se había solicitado la posibilidad de que este año el adelanto se elevara hasta el 90% para ayudar a los productores agrarios en la actual coyuntura de sequía y altos costes de producción.
En concreto, en el que es el primer año del marco de la nueva PAC establecida por Europa, más de 200.000 agricultores y ganaderos andaluces han percibido más de 700 millones de euros. Andalucía apuesta de este modo un año más por inyectar liquidez al campo.
Atendiendo a los diferentes tipos de ayudas, destaca especialmente la ayuda básica a la renta sostenible que, junto a la ayuda complementaria redistributiva y la ayuda complementaria para los jóvenes agricultores y agricultoras, que suman aproximadamente 450 millones de euros.
Las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba, sumamente olivareras, concentran la mayor parte de las ayudas de la PAC, seguidas por las provincias de Granada, Cádiz, Málaga, Huelva y Almería.
Con la aplicación, por primera vez, del nuevo régimen de ayudas directas para el período 2023-2027 de la PAC existen importantes novedades, como la asignación de nuevas ayudas, por ejemplo, los ecorregímenes, el pago redistributivo y, por supuesto, la ayuda asociada al olivar. Se ha tratado, por lo tanto, de un año más complicado para los agricultores, ganaderos y las entidades colaboradoras a la hora de familiarizarse con la tramitación de estas ayudas.
Pese a las dificultades, el sector agrario andaluz ha demostrado su profesionalidad y capacidad de adaptación y ha sido líder en la aplicación de los nuevos requisitos, que suponen más exigencias desde el punto de vista agrario y, muy especialmente, medioambiental. Así, Andalucía destaca por ser la primera comunidad autónoma española en proporción de superficie que se ha acogido a las cubiertas en cultivos leñosos, evitando así la degradación del suelo y contribuyendo a la mejora de la calidad del agua y de la biodiversidad.
El esfuerzo de agricultores y ganaderos, no obstante, se va a ver penalizado por esta reforma de la Política Agraria Común con motivo del diseño que se ha establecido de las nuevas ayudas, establecido por parte del Gobierno de España con su Plan Estratégico de la PAC (Pepac).
En concreto, según el análisis que ha realizado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, los agricultores y ganaderos andaluces van a perder con la nueva PAC cerca de 134 millones de euros anuales, lo que supone una reducción de más del 10% en relación al año 2020. Esta pérdida se concentra en las tierras de cultivo, con disminuciones estimadas en torno al 26% en secano, y de aproximadamente el 32% en regadío. Por provincias, las más damnificadas con la nueva Política Agraria Común serán Sevilla, con un 23% menos de percepción, y Jaén, con un 12% de pérdidas. Estos datos, además del informe que realizó la Universidad de Córdoba, que propuso cambios para que Andalucía no perdiera fondos, muestran la necesidad de una modificación del Pepac por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que la PAC pueda seguir siendo un incentivo para el campo.
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