Nieto asegura que el decreto de simplificación reducirá en dos tercios los plazos de tramitación de asuntos administrativos

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido que el cuarto decreto de simplificación administrativa reducirá en dos tercios los plazos de tramitación en algunos procedimientos y ha defendido que con la implantación del silencio positivo «hemos incrementado el nivel de exigencia a la Administración andaluza» al trasladar a ésta la responsabilidad de su funcionamiento, en lugar de penalizar al usuario.

«Sería más cómodo mantener el silencio negativo, pero creemos que eso perjudica al ciudadano y al desarrollo de un territorio», ha subrayado Nieto durante su comparecencia en comisión parlamentaria.

Nieto ha detallado que con esta normativa se están poniendo en marcha «reformas transversales» en la Administración de la Junta basadas en la digitalización para que «la Administración del dato sustituya a la del papel», y para pasar de «una Administración que concede o deniega al ciudadano a acompañarlo» y de «la desconfianza en la iniciativa privada a ayudar» para facilitar la inversión en la comunidad.

Para ello, ha defendido la importancia de analizar los procedimientos, especialmente aquellos de mayor impacto social y en la economía, así como en los que tienen mayor volumen de tramitación, para detectar «cuellos de botella y reaccionar» reorganizando procesos, eliminando controles «excesivos e innecesarios», aplicando las posibilidades de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, y reordenando también los recursos humanos con la creación de unidades temporales de apoyo a la gestión masiva con equipos de funcionarios que temporalmente serán destinados a aquellos servicios con una necesidad puntual, por incremento de trabajo o por acumulación de expedientes.

No obstante, el consejero ha asegurado que «cuando se producen cuellos de botellas, el problema nunca es la falta de efectivos, sino un procedimiento mal gestionado y ejecutado que acaba llevando a que los funcionarios se frustren», al no lograr descongestionarlo por más que se esfuercen.

En este sentido, ha explicado que el decreto hace hincapié en la «eliminación de burocracia y la supresión de controles exagerados para tramitar de manera más ágil, con garantías, las peticiones de los ciudadanos», por lo que ha defendido la eliminación de controles «superfluos» dejando aquellos «imprescindibles, correctos y adecuados».

También se ha referido a la implantación del silencio positivo y la apuesta por las declaraciones responsables «con un régimen sancionador y controles a posteriori», para garantizar el cumplimiento de la normativa. Para Nieto, «es un sistema exigente con la Administración, porque traslada a la Administración la responsabilidad de un mal funcionamiento y no que lo soporte el ciudadano; el que existía no nos daba más garantías y sí generaba mucho rechazo».

El objetivo es reducir en dos tercios los trámites de muchos procedimientos administrativos y, en algunos casos, rebajar a la mitad los plazos actuales, como en el caso de la cobertura de bajas de empleados públicos al trasladar la mayoría de los trámites a las delegaciones territoriales. Asimismo, y sobre materias que competen a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha puesto como ejemplo la reducción de trámites en la inscripción de asociaciones y colegios profesionales o en la resolución de las indemnizaciones para víctimas del terrorismo.

Aligerar de burocracia a los ayuntamientos

José Antonio Nieto ha destacado especialmente la simplificación de las relaciones de la Junta con los ayuntamientos, que han realizado aportaciones al decreto recogidas en el mismo, dentro del diálogo puesto en marcha para su redacción. Así, se eliminan trámites intermedios de forma que los ayuntamientos tengan como interlocutores a las delegaciones territoriales sectoriales, sin tener que pasar antes, necesariamente, por la Delegación del Gobierno de la Junta o la de la Consejería de Administración Local.

«Supondrá una reducción de más del 50% de los tramites que las entidades locales realizan con la Junta; me parece que es un avance positivo que entendemos que los ayuntamientos agradecen», ha subrayado.

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