El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, invita a los andaluces a explorar la mediación como vía alternativa de resolución de conflictos para alcanzar acuerdos y reducir la sobrecarga de los juzgados, lo que redundará en una mayor agilidad del sistema. En el Día Europeo de la Mediación, Nieto ha recordado que desde el 1 de enero este año, los andaluces pueden solicitar la asistencia profesional de un abogado de oficio para alcanzar un acuerdo extrajudicial. Andalucía es la primera comunidad autónoma que incluye la mediación entre los servicios cubiertos por el sistema de Justicia Gratuita para quienes carecen de recursos económicos.
«Este 2024 va a ser el año de la mediación. En Andalucía tenemos una tasa de litigiosidad altísima, queremos que eso se reduzca, que la solución a los conflictos de los ciudadanos sea más rápida y para eso nos hace falta la mediación», ha defendido.
Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, con 36,8 casos por cada mil habitantes, por encima de la media nacional, sólo superada por Canarias y Baleares. Ello conlleva una sobrecarga de trabajo en los tribunales que alarga los plazos de los procesos y retrasa la solución para el justiciable. La mediación es un procedimiento voluntario, rápido y flexible para la solución de un conflicto que ahorra tiempo y recursos.
Por ello, el consejero de Justicia ha apostado porque los profesionales de la abogacía la vean como «una herramienta» y la ciudadanía como una fórmula cercana que además suele resultar más satisfactoria que un pleito. Frente a una sentencia, en la que es un tercero, el juez, quien toma una decisión que ambas partes deben acatar, la mediación se basa en el acuerdo para buscar una solución que contente a todos.
La Junta se plantea como «reto» que «Andalucía sea líder en mediación». Para ello, la Consejería de Justicia ha puesto en marcha varias medidas. Así, la nueva Orden de módulos y bases que regula las retribuciones de los abogados y procuradores de oficio incluye, de forma pionera, la compensación económica de hasta 400 euros para los profesionales que asistan a ciudadanos en procesos de mediación y logren alcanzar acuerdos.
Además, se creará un Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía, para que los ciudadanos puedan buscar profesionales cualificados, y un Consejo Asesor para promocionar esta vía y evaluar los resultados que se obtienen. El Consejo de Gobierno aprobó recientemente el inicio de la tramitación del Decreto que regulará estos instrumentos.
La Consejería también prevé crear un servicio de mediación Penal intrajudicial para adultos. Ya existe para los menores infractores con gran éxito. La idea es que empiece a funcionar el próximo mes de marzo con los delitos leves y descargar así a los juzgados de Instrucción. En el ámbito civil y mercantil, está colaborando con instituciones que ya tienen experiencia como las Cámaras de Comercio.
Además, se están desarrollando jornadas de formación en diferentes provincias para los profesionales de la Administración de Justicia y los técnicos de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) han instalado mesas informativas para divulgar esta vía.
La Consejería de Justicia cuenta con diez puntos de información a la mediación en Andalucía (PIMA) en las sedes judiciales de las ocho capitales, además de en Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga). A estas oficinas puede acercarse cualquier ciudadano que quiera informarse y acudir a la vía de la mediación, al tiempo que los jueces, fiscales o agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden derivar directamente a los usuarios gracias a la denominada agenda @PIMA.
El objetivo es promover un cambio cultural que acabe con la excesiva judicialización de los conflictos. La mediación es una apuesta estratégica del Gobierno andaluz para ello.
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