La Junta de Andalucía tiene previsto la creación de unidades temporales de apoyo a la gestión masiva, es decir, equipos de funcionarios para apoyar y agilizar aquellos servicios con más carga de trabajo por alguna circunstancia, ya sea por una necesidad puntual, por incremento o por acumulación de expedientes. Estas nuevas unidades se crearán al amparo del cuarto Decreto Ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración de la Junta y el impulso de la actividad económica en Andalucía que forma parte del Plan Andalucía Simplifica, denominado ‘Plan AS’,
La aplicación del nuevo decreto va a suponer revisar y modificar sistemas de trabajo, automatizar trámites y reorganizar al personal, si bien junto a las plantillas estables asignadas a cada servicio, prevé crear estas nuevas unidades para contar con equipos de funcionarios que asistan a distintos departamentos en función de las necesidades.
Así, con estos equipos se hará frente a situaciones puntuales de acumulación de trabajo en determinados servicios, como, por ejemplo, para tramitar resoluciones de ayudas convocadas. También para sacar adelante expedientes atrasados en servicios en los que se han detectado problemas. Además, se modificarán procedimientos y se reorganizará el personal, con el fin de que cuando aplican el nuevo sistema de trabajo, puedan empezar con el contador a cero y no con retrasos acumulados.
El objetivo de la Junta es dar un salto que convierta a Andalucía en la comunidad autónoma con menos burocracia, donde la Administración Pública no bloquee, sino que acompañe a los ciudadanos para facilitarles la vida, y a las empresas para que apuesten por invertir y crear empleo y riqueza. Una Andalucía líder que preste el servicio de una sola vez, sin tener que acudir varias veces a la ventanilla ni presentar reiteradamente documentación que ya obra en poder de la Junta, con atención multicanal y permanente, basada en la confianza mediante la declaración responsable (con controles e inspecciones para sancionar los incumplimientos) y donde los retrasos no perjudiquen al administrado sino al contrario, apostando por el silencio administrativo positivo.
El decreto también prevé simplificar las relaciones entre la Junta y las administraciones locales. Para ello se eliminan trámites intermedios, de forma que los ayuntamientos tengan como interlocutores a las delegaciones territoriales con las competencias correspondientes sobre cada asunto, sin necesidad de tener que pasar necesariamente, de forma previa, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía o la de la Consejería de Administración Local. También en los trámites entre el Ejecutivo autonómico y las entidades locales se eliminará burocracia, se recortarán plazos y se desarrollará una normativa más clara, con requisitos a cumplir, para evitar interpretaciones dispares.
La norma también reduce los trámites y plazos para la creación, modificación e inscripción de entidades de la sociedad civil como las fundaciones y colegios profesionales, cuyos respectivos registro gestiona la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Por ejemplo, en el caso de las fundaciones, no será necesario acreditar que se acepta ser patrono mediante la firma manuscrita ante notario, sino que bastará la firma electrónica.
Respecto a los colegios profesionales, se recortan a la mitad los plazos para resolver su inscripción (de cuatro a dos meses) y se facilita la creación de nuevos colegios por segregación de colectivos integrados junto a otros de forma obsoleta (como los pedagogos en el colegio de licenciados en Filosofía y Letras) o de profesionales cuya actividad está regulada, aunque no cuenten con una titulación universitaria para su ejercicio (por ejemplo, los detectives privados).
Igualmente, las víctimas del terrorismo van a tener mucho más fácil el acceso a las indemnizaciones que entrega la Consejería de Justicia, ya que las dos resoluciones sucesivas necesarias se unifican en una sola.
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